“En la década de los 70 el Fondo tenía una línea de crédito para compensar la caída de las exportaciones y los problemas que generara la escasez de divisas en una nación. Luego con la financiarización de la actividad económica en los años noventa esa línea se discontinuó”, sostiene Noemí Brenta en diálogo con Página 12. La especialista y autora de dos libros que analizan la relación de Argentina con el FMI advierte que el hecho que reclama hoy Argentina es muy conocido por el Fondo que supo tenerlo en cuenta para prestar divisas. Este diario dialogó también con Guido Croxatto, director nacional de la Escuela de Abogados del Estado (ECAE) que depende de la Procuración del Tesoro, quien insiste sobre la “ilegitimidad determinante de nulidad absoluta” dado el procedimiento que siguió la administración macrista que endeudó al país.
El equipo económico comandado por Sergio Massa se prepara a negociar con el FMI el adelanto de los desembolsos previstos para junio y septiembre de este año, algo más de 7.000 millones de dólares que podrían usarse para contener futuras corridas cambiarias en un tenso año electoral. “Argentina negocia un adelanto (no un nuevo préstamo) que puede inscribirse dentro de las primeras líneas crediticias del Fondo. En la década del 80 el gobierno de Alfonsín usó mucho esos préstamos, además de los stand by, pero en los noventa dejaron de usarse”, observa Brenta. El gobierno no está negociando un préstamo político para ganar las elecciones sino un adelanto por el impacto de una sequía histórica.
El acuerdo que firmó Macri con el FMI en 2018 está judicializado, la doctora María Cappuchetti es quien lleva la causa donde se imputa al ex presidente y a cuatro ex integrantes de su gobierno por mal desempeño en sus funciones, administración fraudulenta y malversación de los fondos públicos, pero “la causa está paralizada al igual que la investigación sobre el intento de magnicidio a CFK que lleva adelante la misma jueza, que no siguió la pista de la vinculación de los detenidos con altos cargos políticos, como Gerardo Milman, o empresarios, como la familia Caputo”, precisa Guido Croxatto. “El poder judicial argentino se detiene siempre en el mismo lugar: donde empieza la responsabilidad del poder económico y financiero”, sentencia.
Contexto internacional
“Las relaciones del FMI con todos los países socios varían de acuerdo a dos cuestiones: la situación internacional y la política interna norteamericana. Más allá de las cuestiones técnicas”, aclara Brenta. “En ese sentido la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China está en el centro de la escena, con un dato de color que es la interdependencia que mantienen esas dos potencias: financiera y comercial”, continúa Brenta. “Esas relaciones no van a estropearse por Argentina y al mismo tiempo nuestro país tiene una política exterior amplia, de no alinearse a los intereses de ningún país en particular. Necesitamos al hegemón presente y al hegemón en ascenso para resolver los problemas de la balanza de pagos”, afirma. En ese sentido destaca el posible ingreso de Argentina a los BRICS que se va a definir en agosto y representa nuevas fuentes de financiamiento que no son excluyentes con el FMI.
“Estados Unidos no quiere empujar a Argentina a una crisis de la que nuevamente sea culpable el Fondo”, asegura la especialista, pero en su política interna ellos también tienen “sus halcones y sus palomas”.
Por otro lado, “el aumento de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo y el asomo de una recesión con epicentro en Europa también moldean la relación actual con el Fondo: se trata de una economía mundial que ya venía estancada desde la crisis de 2008/09”.
En este contexto Argentina se prepara a negociar un adelanto de desembolsos que permita aliviar algunas tensiones en el frente externo. El FMI no induce ni disipa la pérdida de capitales del país, la cual deviene de una imprudente administración macroeconómica y de factores estructurales –como la dependencia tecnológica de productos importados- que presionan sobre el precio del dólar alimentando la especulación. Luego, si el gobierno instruye mecanismos de regulación sobre las operaciones financieras, como el cepo a la salida de divisas implementado a fines de 2019 con la aprobación del Fondo, surgen mercados paralelos que dan lugar a maniobras como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones que vuelven a presionar sobre el dólar. En este enjambre se encuentra el país y sobrevuela la pregunta de si el FMI ayuda o agrava los desequilibrios y tensiones que sufre la economía.
Ilegalidad de los actos públicos
En Argentina faltó una evaluación crítica de los procedimientos y la razonabilidad del crédito con el Fondo tomado por la administración macrista. La Comisión Bicameral del Congreso que se preparaba a evaluar el tema poco estuvo en actividad. En cambio, Guido Croxatto pone en valor que en 2021 el presidente Fernández firmó un “decreto histórico” que convirtió a la causa sobre la deuda pública externa en una investigación penal donde el Estado es querellante a través de la Procuración del Tesoro.
En cualquier acto de la administración pública hay formalidades burocráticas que se deben respetar y no fueron cumplimentadas con ese crédito, ni al interior del ministerio de Economía ni del Banco Central involucrados. “La decisión de tomar la deuda como se hizo en el macrismo está afectada de vicios graves, determinantes de una nulidad absoluta (art. 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos). Concretamente la decisión se adoptó y materializó sin que tuviera intervención previa del Congreso de la Nación. De consiguiente, estamos frente a un acto emitido por una autoridad incompetente”, aclara Croxatto.
“Se verifica una incompetencia absoluta, toda vez que los órganos que desarrollan función administrativa ejercieron atribuciones que son propias del Congreso. Esta sola circunstancia (incompetencia absoluta) configura una ilegitimidad determinante de nulidad absoluta […] al igual que la provocada por el incumplimiento de procedimientos previos establecidos por la Constitutución y otras normas administrativas (art. 14 inciso b, LNPA). Faltó el dictamen jurídico previo toda vez que está en juego la hacienda pública”, explica. Pero “ninguno de los imputados en esta causa (Macri, Caputo, Dujovne, Sandleris y Sturzennegger) fue llamado a declaración por la jueza Cappuchetti, cuando a CFK por cualquier causa inventada la llaman mil veces a tribunales”, aclara el abogado quien viene cuestionando a Cappuchetti desde antes del atentado.
Brenta y Croxatto se conocen desde la Asociación Gremial de Abogados que reunía a juristas que luchaban por una justicia mejor, varios de ellos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura.
